Cómo Obtener el Certificado de Títulos en República Dominicana: Guía Completa 2026
Aprende los pasos, requisitos y tiempos para obtener tu Certificado de Títulos. Errores comunes que debes evitar y cómo acelerar el proceso.
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Leer artículo →El Certificado de Títulos es el documento que acredita la propiedad de un bien inmueble en República Dominicana. Su obtención es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de cualquier transacción inmobiliaria.
Muchos propietarios cometen el error de no verificar el historial registral completo del inmueble antes de iniciar el trámite. Esto puede derivar en la descubierta de gravámenes, anotaciones preventivas o disputas de propiedad que compliquen significativamente el proceso. Asimismo, la falta de un planímetro aprobado es una causa frecuente de rechazo o demora en la expedición del certificado.
La experiencia demuestra que una asesoría legal desde el inicio del proceso permite identificar estos riesgos y resolverlos de manera oportuna, evitando costos adicionales y demoras innecesarias.
Escrito por: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
The Title Certificate is the document that certifies property ownership of real estate in the Dominican Republic. Obtaining it is essential to ensure the legal security of any real estate transaction.
Many owners make the mistake of not verifying the complete registry history of the property before starting the process. This can lead to the discovery of liens, preventive annotations, or property disputes that significantly complicate the process. Additionally, the lack of an approved survey plan is a frequent cause of rejection or delay.
Experience shows that legal advice from the beginning of the process allows these risks to be identified and resolved in a timely manner, avoiding additional costs and unnecessary delays.
Written by: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
Le Certificat de Titres est le document qui atteste la propriété d'un bien immobilier en République Dominicaine. Son obtention est fondamentale pour garantir la sécurité juridique de toute transaction immobilière.
De nombreux propriétaires commettent l'erreur de ne pas vérifier l'historiqueregistral complet du bien avant de démarrer la procédure. Cela peut révéler des gravamens, annotations préventives ou litiges de propriété qui compliquent considérablement le processus.
Rédigé par : Lic. Ana Susana Mieses Rivera
La Ley 5038 establece el régimen jurídico aplicable a los condominios en República Dominicana, regulando la administración, las cuotas, los derechos y obligaciones de los condóminos, y la resolución de conflictos.
Los litigios más comunes en condominios giran en torno a: impago de cuotas, uso indebido de áreas comunes, renovación de la administración, y disputas sobre modificaciones estructurales. La experiencia judicial muestra que muchos de estos conflictos se originan en la falta de estatutos claros o en su incumplimiento sistemático.
Una asesoría preventiva permite establecer reglas claras desde la constitución del condominio y evitar litigios costosos que afectan la convivencia y el valor de las propiedades.
Escrito por: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
Law 5038 establishes the legal framework applicable to condominiums in the Dominican Republic, regulating administration, fees, rights and obligations of owners, and dispute resolution.
The most common disputes revolve around: unpaid fees, misuse of common areas, administration renewal, and disputes over structural modifications. Judicial experience shows that many conflicts stem from unclear bylaws or their systematic non-compliance.
Written by: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
La Loi 5038 établit le cadre juridique applicable aux copropriétés en République Dominicaine, régulant l'administration, les cotisations, les droits et obligations des copropriétaires, et la résolution des conflits.
Rédigé par : Lic. Ana Susana Mieses Rivera
La República Dominicana ofrece varias modalidades societarias, cada una con ventajas y requisitos distintos según la naturaleza del negocio, el número de socios y las consideraciones fiscales.
La elección del tipo societario afecta directamente la responsabilidad de los socios, el tratamiento fiscal, la capacidad de captar inversión y la gobernanza de la empresa. Un análisis legal integral permite seleccionar la estructura óptima conforme a los objetivos del negocio, evitando costosos reacomodos societarios posteriores.
Escrito por: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
The Dominican Republic offers several corporate structures, each with distinct advantages and requirements depending on the nature of the business, number of partners, and tax considerations.
The choice of corporate type directly affects partner liability, tax treatment, investment capacity, and corporate governance. Comprehensive legal analysis ensures optimal structure selection.
Written by: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
La République Dominicaine offre plusieurs formes societaires, chacune avec des avantages et exigences distincts selon la nature de l'entreprise, le nombre d'associés et les considérations fiscales.
Rédigé par : Lic. Ana Susana Mieses Rivera
La Ley de Migración 281-04 establece un procedimiento especial para obtener la residencia mediante inversión inmobiliaria en República Dominicana, ofreciendo una vía accesible para extranjeros.
Es fundamental que la inversión inmobiliaria esté debidamente registrada y libre de gravámenes. Además, la documentación debe presentarse en el orden y formato exigido para evitar rechazos. Un error en la documentación puede significar meses de demora o la pérdida de la inversión realizada.
Escrito por: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
Migration Law 281-04 establishes a special procedure for obtaining residency through real estate investment in the Dominican Republic, offering an accessible path for foreigners.
It is essential that the real estate investment be properly registered and free of encumbrances. Documentation must be presented in the required order and format to avoid rejections.
Written by: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
La Loi sur l'Immigration 281-04 établit une procédure spéciale pour obtenir la résidence par investissement immobilier en République Dominicaine.
Rédigé par : Lic. Ana Susana Mieses Rivera
La Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI) es el organismo encargado de registrar marcas, patentes y derechos de autor en República Dominicana. El registro de marca otorga protección exclusiva para usar el signo distintivo en el comercio.
Uno de los errores más comunes es no realizar la búsqueda previa, lo que puede derivar en el rechazo de la solicitud por similitud con marcas existentes. Otro error es no proteger la marca en todas las clases relevantes, dejando vulnerables productos o servicios derivados.
Escrito por: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
The National Intellectual Property Office (ONAPI) is responsible for registering trademarks, patents, and copyrights in the Dominican Republic. Trademark registration grants exclusive protection for commercial use.
A common mistake is not conducting a prior search, which can lead to rejection due to similarity with existing marks. Another error is failing to protect the mark in all relevant classes.
Written by: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
L'Office National de Propriété Intellectuelle (ONAPI) est l'organisme chargé d'enregistrer les marques, brevets et droits d'auteur en République Dominicaine.
Rédigé par : Lic. Ana Susana Mieses Rivera
La sucesión hereditaria es el procedimiento judicial mediante el cual se declaran los herederos de una persona fallecida y se procede a la partición de su patrimonio. En República Dominicana, este proceso se rige por el Código Civil y la ley de enjuiciamiento civil.
El procedimiento puede durar entre 6 meses y 2 años, dependiendo de la complejidad del patrimonio, la concordancia entre los herederos y la carga de trabajo de los tribunales. Los costos incluyen honorarios legales, tasaciones, inscripciones registrales e impuestos de transmisiones patrimoniales.
Es recomendable iniciar el proceso lo antes posible para evitar la degradación de los bienes heredados y resolver disputas familiares de manera ordenada. La asesoría legal es esencial para proteger los derechos de los herederos y garantizar una partición justa.
Escrito por: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
Hereditary succession is the judicial procedure through which the heirs of a deceased person are declared and their estate is partitioned. In the Dominican Republic, this process is governed by the Civil Code.
The procedure can take between 6 months and 2 years, depending on estate complexity, heir agreement, and court workload. Costs include legal fees, appraisals, registry entries, and property transfer taxes.
Written by: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
La succession héréditaire est la procédure judiciaire par laquelle sont déclarés les héritiers d'une personne décédée et se procède au partage de son patrimoine.
La procédure peut durer entre 6 mois et 2 ans. Les coûts incluent les honoraires, expertises, inscriptions registrales et impôts sur les transmissions patrimoniales.
Rédigé par : Lic. Ana Susana Mieses Rivera
El contrato de arrendamiento es uno de los instrumentos jurídicos más utilizados en la vida comercial y residencial. Una redacción deficiente puede generar conflictos prolongados tanto para arrendadores como para arrendatarios.
La ley dominicana otorga protecciones específicas a ambas partes. El arrendatario tiene derecho a un inmueble en condiciones habitables, mientras que el arrendador tiene derecho al pago puntual de la renta y al resguardo del inmueble. Conocer estos derechos desde el momento de la negociación es la mejor forma de prevenir litigios.
Escrito por: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
The lease contract is one of the most commonly used legal instruments in commercial and residential life. Poor drafting can generate prolonged disputes for both landlords and tenants.
Dominican law provides specific protections to both parties. Knowing these rights from the negotiation stage is the best way to prevent disputes.
Written by: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
Le contrat de bail est l'un des instruments juridiques les plus utilisés dans la vie commerciale et résidentielle. Une rédaction déficiente peut générer des conflits prolongés.
Rédigé par : Lic. Ana Susana Mieses Rivera
Los notarios públicos en República Dominicana desempeñan un rol fundamental en la autenticación de actos jurídicos, otorgando fe pública a documentos y operaciones legales.
La intervención notarial otorga autenticidad y plena fuerza probatoria a los documentos, facilitando su uso ante tribunales, organismos públicos y terceros. En muchas transacciones, la ausencia de formalidad notarial puede invalidar el acto jurídico o limitar su oponibilidad frente a terceros.
Escrito por: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
Public notaries in the Dominican Republic play a fundamental role in authenticating legal acts, providing public faith to documents and legal operations.
Notarial intervention provides authenticity and full probative force to documents, facilitating their use before courts, public agencies, and third parties.
Written by: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
Les notaires publics en République Dominicaine jouent un rôle fondamental dans l'authentification des actes juridiques, fournissant la foi publique aux documents et opérations légales.
Rédigé par : Lic. Ana Susana Mieses Rivera
El arbitraje internacional, particularmente el administered por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), se ha consolidado como el mecanismo preferido para resolver disputas comerciales transfronterizas en la República Dominicana y la región caribeña.
La cláusula arbitral debe redactarse con precisión para cubrir el ámbito de aplicación, el número de árbitros, el idioma, la ley aplicable y el lugar del arbitraje. Una cláusula deficiente puede generar disputas sobre la competencia del tribunal arbitral y aumentar significativamente los costos del proceso.
Escrito por: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
International arbitration, particularly that administered by the International Chamber of Commerce (ICC), has become the preferred mechanism for resolving cross-border commercial disputes in the Dominican Republic.
The arbitration clause must be drafted with precision to cover scope, number of arbitrators, language, applicable law, and seat of arbitration. A deficient clause can generate disputes about tribunal jurisdiction and significantly increase process costs.
Written by: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
L'arbitrage international, en particulier celui administré par la Chambre de Commerce Internationale (CCI), s'est imposé comme le mécanisme privilégié pour résoudre les litiges commerciaux transfrontaliers.
Rédigé par : Lic. Ana Susana Mieses Rivera
El fideicomiso se ha convertido en una de las herramientas jurídicas más relevantes para estructurar inversiones, proyectos inmobiliarios, garantías, planificación patrimonial y operaciones comerciales en la República Dominicana. Su régimen está regulado principalmente por la Ley núm. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, que permite separar bienes y derechos en un patrimonio autónomo administrado por un fiduciario en beneficio de una o varias personas.
Su utilidad es indiscutible, pero también lo son sus riesgos. Un fideicomiso mal redactado, inscrito de forma incompleta, ejecutado sin control documental o utilizado sin comprender sus límites puede terminar en litigios complejos: demandas incidentales, nulidades, embargos inmobiliarios, reclamaciones de acreedores, disputas entre beneficiarios y cuestionamientos sobre la legitimidad de la ejecución. Por eso, esta figura exige asesoría de abogados que dominen tanto la estructuración fiduciaria como la litigación civil, inmobiliaria y comercial.
El fideicomiso es el acto mediante el cual una o varias personas, llamadas fideicomitentes, transfieren derechos de propiedad u otros derechos a una persona jurídica autorizada, denominada fiduciario, para constituir un patrimonio separado. Ese patrimonio se administra conforme a instrucciones previamente establecidas y en beneficio de uno o varios fideicomisarios o beneficiarios.
La fortaleza de esta figura radica en la separación patrimonial. Los bienes fideicomitidos no deben confundirse con el patrimonio personal del fideicomitente, del fiduciario ni del beneficiario. Sin embargo, esa protección no funciona automáticamente por simple voluntad de las partes: requiere acto constitutivo claro, objeto lícito, inscripción correcta, contabilidad separada, cumplimiento de instrucciones y respeto de las prohibiciones legales.
La práctica dominicana reconoce varias modalidades que deben elegirse según la finalidad económica y jurídica del negocio. Entre las más relevantes se encuentran:
Cuando está bien estructurado, el fideicomiso permite proteger activos, ordenar aportes de inversionistas, transparentar el uso de fondos, facilitar financiamientos y reducir conflictos entre partes. En proyectos inmobiliarios, por ejemplo, el fiduciario puede custodiar recursos de adquirientes y liberarlos conforme a hitos verificables del proyecto, lo que fortalece la confianza de compradores, desarrolladores y financiadores.
También puede aportar eficiencia fiscal dentro de los límites establecidos por la ley, especialmente en estructuras de vivienda de bajo costo y determinados vehículos de oferta pública. No obstante, los beneficios fiscales no sustituyen el análisis legal: cada estructura debe evaluarse conforme a su objeto, participantes, fuente de fondos, registros, cargas, garantías y riesgos de ejecución.
La experiencia demuestra que muchos conflictos fiduciarios nacen de descuidos evitables. Entre los más delicados se encuentran:
Los tribunales dominicanos han tratado disputas vinculadas al procedimiento especial de ejecución inmobiliaria de la Ley 189-11 y a la forma en que deben protegerse el debido proceso, el derecho de defensa y la seguridad jurídica en operaciones hipotecarias y fiduciarias.
En la Sentencia SCJ-PS-23-2146, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dictada el 29 de septiembre de 2023, la Corte casó una adjudicación dictada en un embargo inmobiliario bajo la Ley 189-11 porque el tribunal de la subasta adjudicó los inmuebles sin resolver previamente una demanda incidental en nulidad del pliego de condiciones y de los actos del procedimiento. La SCJ resaltó que el juez debe depurar los incidentes pendientes antes de la subasta, en respeto del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el artículo 168 de la Ley 189-11.[1]
Lección práctica: una ejecución rápida no autoriza a sacrificar el saneamiento procesal. La firma que asesora al acreedor, al deudor, al fiduciario o a un adquiriente debe revisar el expediente completo, identificar incidentes pendientes y evitar que una adjudicación sea anulada por descuidos procesales.
El Tribunal Constitucional, en la Sentencia TC/0530/15, declaró conforme a la Constitución los artículos 149 al 172 de la Ley 189-11, relativos al procedimiento especial de ejecución inmobiliaria. El tribunal explicó que se trata de normas procesales aplicables a procedimientos iniciados después de la entrada en vigor de la ley y que la regulación de la ejecución de una hipoteca no equivale, por sí sola, a una violación del derecho de propiedad.[2]
Lección práctica: no basta alegar afectación del derecho de propiedad; la defensa debe construirse con argumentos procesales oportunos, pruebas de notificación, reparos al pliego y medios jurídicos adecuados. Un abogado sin experiencia en ejecuciones bajo Ley 189-11 puede perder defensas importantes por plantearlas tarde o por la vía incorrecta.
En la Sentencia TC/0049/24, el Tribunal Constitucional confirmó la Sentencia SCJ-PS-22-0160 de la Primera Sala de la SCJ, dentro de una disputa sobre embargo inmobiliario especial. El TC sostuvo que cuestionamientos sobre la calidad del acreedor hipotecario, la aplicación ordinaria de la Ley 189-11 y la valoración de notificaciones corresponden principalmente a los tribunales judiciales, no a una nueva valoración constitucional de los hechos. También consideró que la SCJ había motivado adecuadamente su decisión.[3]
Lección práctica: en materia fiduciaria e hipotecaria, la estrategia debe prepararse desde la primera instancia. Esperar a la casación o al recurso constitucional para introducir defensas que debieron plantearse antes puede resultar ineficaz. La experiencia litigiosa de la firma es determinante para preservar derechos desde el inicio.
Los fideicomisos no son documentos de plantilla. Son estructuras que pueden involucrar inmuebles, herencias, créditos, garantías, compradores, inversionistas, fiduciarias, acreedores y procesos judiciales. Una firma con más de 20 años de experiencia puede anticipar riesgos que no aparecen en una revisión superficial: cláusulas nulas, falta de legitimación, plazos procesales, omisiones registrales, conflictos de beneficiarios, cargas ocultas, problemas de publicidad y contingencias de lavado de activos.
En el caso de ASM Abogados & Consultores, la trayectoria desde 1994 permite conectar la planificación del fideicomiso con la defensa judicial eventual. Esa combinación es esencial: la mejor estructura fiduciaria es aquella que no solo funciona en la negociación, sino que resiste auditorías, reclamaciones, demandas incidentales y procesos de ejecución.
El fideicomiso ofrece beneficios importantes en la República Dominicana: separación patrimonial, transparencia, financiamiento, organización de inversiones y seguridad en proyectos inmobiliarios. Pero esos beneficios dependen de una arquitectura jurídica precisa y de una defensa procesal competente.
Las decisiones de la SCJ y del TC muestran que los litigios en torno a la Ley 189-11 pueden definirse por detalles técnicos: un incidente no resuelto, una notificación discutida, un pliego mal atacado o una vía procesal incorrecta. Por ello, antes de constituir, ejecutar o impugnar un fideicomiso, es prudente buscar una firma con experiencia real en derecho fiduciario, inmobiliario y litigios estratégicos.
Escrito por: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
The trust (fideicomiso) is one of the most important legal tools for structuring investments, real estate projects, guarantees, estate planning, and commercial operations in the Dominican Republic. It is mainly governed by Law No. 189-11 on the Development of the Mortgage Market and Trusts, which allows assets and rights to be placed into an autonomous estate administered by a trustee for the benefit of one or more beneficiaries.
Its usefulness is clear, but so are its risks. A poorly drafted, incorrectly registered, or procedurally mishandled trust can lead to complex litigation: incidental claims, nullity actions, real estate foreclosures, creditor disputes, beneficiary conflicts, and challenges to execution proceedings. This is why trusts require counsel from lawyers who understand both fiduciary structuring and civil, real estate, and commercial litigation.
A trust is an act by which one or more settlors transfer property rights or other rights to an authorized legal entity, called the trustee, to create a separate estate. That estate is administered according to instructions established in advance and for the benefit of one or more beneficiaries.
The strength of the trust lies in asset separation. The trusted assets should not be confused with the personal estate of the settlor, trustee, or beneficiary. However, this protection does not operate automatically: it requires a clear constitutive act, lawful purpose, proper registration, separate accounting, compliance with instructions, and respect for statutory prohibitions.
When properly structured, a trust can protect assets, organize investor contributions, make the use of funds transparent, facilitate financing, and reduce conflicts among parties. In real estate projects, the trustee may safeguard buyers' funds and release them according to verifiable milestones.
The main precautions include clear drafting, proper registration, strict separation of assets, a lawful purpose, accurate tax and regulatory compliance, and avoiding any structure created in fraud of pre-existing creditors.
In Judgment SCJ-PS-23-2146, dated September 29, 2023, the First Chamber of the Supreme Court of Justice annulled an adjudication in a foreclosure proceeding under Law 189-11 because the trial court adjudicated the properties without first deciding a pending incidental nullity claim against the statement of terms and procedural acts.[1]
Practical lesson: speed in foreclosure does not eliminate due process. Counsel must review the full file and ensure that pending incidents are resolved before adjudication.
In Judgment TC/0530/15, the Constitutional Court held that Articles 149 to 172 of Law 189-11 are constitutional. It reasoned that those rules regulate the procedure for enforcing mortgage guarantees and do not, by themselves, violate property rights.[2]
Practical lesson: defenses must be timely, technically sound, and supported by procedural evidence such as notices, objections, and claims filed through the correct procedural route.
In Judgment TC/0049/24, the Constitutional Court confirmed Judgment SCJ-PS-22-0160 in a special foreclosure dispute. The Court held that issues concerning creditor standing, ordinary application of Law 189-11, and assessment of notices are primarily matters for the judicial courts, not for a new constitutional review of facts.[3]
Practical lesson: strategy must begin at first instance. Waiting until cassation or constitutional review to raise defenses that should have been filed earlier can be ineffective.
Trusts are not template documents. They may involve real estate, inheritances, credits, guarantees, buyers, investors, trustees, creditors, and litigation. A firm with more than 20 years of experience can anticipate risks such as void clauses, lack of standing, procedural deadlines, registry omissions, beneficiary conflicts, hidden liens, publicity issues, and compliance contingencies.
ASM Abogados & Consultores has served clients since 1994, allowing it to connect fiduciary planning with potential courtroom defense. The best fiduciary structure is one that works not only in negotiation, but also under audits, claims, incidental proceedings, and enforcement actions.
The trust offers major benefits in the Dominican Republic: asset separation, transparency, financing, investment organization, and security in real estate projects. But those benefits depend on precise legal architecture and competent procedural defense.
Written by: Lic. Ana Susana Mieses Rivera
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Le fideicomiso (fiducie) est l'un des outils juridiques les plus importants pour structurer des investissements, projets immobiliers, garanties, planifications patrimoniales et opérations commerciales en République Dominicaine. Il est principalement régi par la Loi n° 189-11 sur le Développement du Marché Hypothécaire et la Fiducie, qui permet de placer des biens et droits dans un patrimoine autonome administré par un fiduciaire au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
Son utilité est évidente, mais ses risques le sont aussi. Une fiducie mal rédigée, mal enregistrée ou mal conduite sur le plan procédural peut conduire à des litiges complexes : demandes incidentes, nullités, saisies immobilières, réclamations de créanciers, conflits entre bénéficiaires et contestations d'exécution. Cette figure exige donc des avocats maîtrisant à la fois la structuration fiduciaire et le contentieux civil, immobilier et commercial.
La fiducie est l'acte par lequel un ou plusieurs constituants transfèrent des droits de propriété ou d'autres droits à une personne morale autorisée, appelée fiduciaire, afin de créer un patrimoine séparé. Ce patrimoine est administré selon des instructions préalablement définies et au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
La force de cette figure réside dans la séparation patrimoniale. Toutefois, cette protection exige un acte constitutif clair, un objet licite, un enregistrement adéquat, une comptabilité séparée, le respect des instructions et l'observation des interdictions légales.
Lorsqu'elle est bien structurée, la fiducie peut protéger des actifs, organiser les apports des investisseurs, rendre transparent l'usage des fonds, faciliter le financement et réduire les conflits entre parties. Dans les projets immobiliers, le fiduciaire peut conserver les fonds des acheteurs et les libérer selon des étapes vérifiables.
Les principales précautions sont la rédaction claire, l'enregistrement correct, la séparation stricte des actifs, l'objet licite, le respect fiscal et réglementaire, ainsi que l'évitement de toute structure constituée en fraude des créanciers préexistants.
Dans la décision SCJ-PS-23-2146 du 29 septembre 2023, la Première Chambre de la Cour Suprême de Justice a cassé une adjudication rendue dans une saisie immobilière sous la Loi 189-11, car le tribunal avait adjugé les immeubles sans statuer préalablement sur une demande incidente en nullité du cahier des charges et des actes de procédure.[1]
Leçon pratique : la rapidité de la saisie n'élimine pas le respect du procès équitable. L'avocat doit vérifier tout le dossier et s'assurer que les incidents pendants soient tranchés avant l'adjudication.
Dans la décision TC/0530/15, le Tribunal Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les articles 149 à 172 de la Loi 189-11, relatifs à la procédure spéciale de saisie immobilière.[2]
Leçon pratique : les moyens de défense doivent être présentés à temps, avec des preuves procédurales et par la voie correcte.
Dans la décision TC/0049/24, le Tribunal Constitutionnel a confirmé la décision SCJ-PS-22-0160 dans un litige de saisie immobilière spéciale. Il a jugé que les questions relatives à la qualité du créancier, à l'application ordinaire de la Loi 189-11 et à l'appréciation des notifications relèvent principalement des juridictions judiciaires.[3]
Leçon pratique : la stratégie doit commencer dès la première instance. Attendre la cassation ou la révision constitutionnelle pour soulever des moyens tardifs peut être inefficace.
Les fiducies ne sont pas des documents de modèle. Elles peuvent impliquer des immeubles, successions, crédits, garanties, acheteurs, investisseurs, fiduciaires, créanciers et contentieux. Un cabinet ayant plus de 20 ans d'expérience peut anticiper les clauses nulles, défauts de qualité, délais procéduraux, omissions d'enregistrement, conflits de bénéficiaires, charges occultes et contingences de conformité.
ASM Abogados & Consultores accompagne ses clients depuis 1994, ce qui lui permet de relier la planification fiduciaire à une éventuelle défense judiciaire. La meilleure structure fiduciaire est celle qui résiste aux audits, réclamations, incidents et procédures d'exécution.
La fiducie offre d'importants avantages en République Dominicaine : séparation patrimoniale, transparence, financement, organisation des investissements et sécurité dans les projets immobiliers. Mais ces avantages dépendent d'une architecture juridique précise et d'une défense procédurale compétente.
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